“El país tiene una deuda histórica con la región chaqueña y con su gente”

Por  ROBERTO LARREA - PRESIDENTE RED AGROFORESTAL CHACHO ARGENTINA (REDAF).  La región chaqueña es uno de los pocos territorios del país donde el modelo de monocultivos no se ha implantado totalmente, sin embargo la avanzada hacia tierras del norte es cada vez más agresiva. La Red Agroforestal Chaco Argentina, tomando como referencia sólo algunos casos, ha registrado que existen más de ocho millones de hectáreas de tierra en conflicto y más de 900 mil personas afectadas por esta disputa. La mayoría son comunidades campesinas y originarias.

Entre el 20 y el 22 de octubre de 2010, campesinos y aborígenes de las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y de la propia provincia de Córdoba se reunieron en el Seminario Tierra, Agua y Bosque: Vida para la Región Chaqueña que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba. Su presencia fue la expresión tangible de la diversidad de la Región Chaqueña Argentina, el territorio que articula 12 provincias del norte del país y que, sin embargo, continúa invisible.

El objetivo del Seminario Tierra, Agua y Bosque: Vida para la Región Chaqueña fue trabajar las potencialidades y problemáticas de esta región y hacerla visible a través de los testimonios y propuestas de su gente. Un encuentro organizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) con el apoyo del Programa de Sustentabilidad Ambiental de la Secretaría de Extensión de la UNC y la agencia de cooperación de los católicos alemanes MISEREOR.

A la convocatoria respondieron más de 400 personas, entre las que se contaron dirigentes indígenas y campesinos, numerosos técnicos y representantes de ONGs de la región, investigadores de diversas universidades, representantes de la iglesia, estudiantes y algunos funcionarios públicos. Hubiésemos querido una mayor presencia de funcionarios del Estado, sobretodo de aquellos que tienen a su cargo mayores responsabilidades respecto a la definición de políticas para la agricultura familiar, los pueblos originarios y el medioambiente.

Nuestro compromiso es tomar lo discutido en este encuentro y llevarlo hasta esas instancias, a la vez que ponerlo en común con otros tantos actores que están luchando por causas similares.

En estas líneas compartimos parte de los resultados de esos días de intenso debate.

 

  • Territorio de resistencias

La región chaqueña es una de los pocos territorios del país dónde el modelo de monocultivos no se ha implantado totalmente, sin embargo la avanzada hacia tierras del norte es cada vez más agresiva. Una pequeña muestra de esto es que desde la REDAF, tomando como referencia sólo algunos casos, hemos registrado que existen más de 8 millones de hectáreas de tierra en conflicto y más de 900 mil personas afectadas por esta disputa, la mayoría son comunidades campesinas y originarias1.


Sin embargo desde las entrañas de la región, la lucha de las organizaciones por mantener sus territorios y sus formas de vida y producción se fortalece y diversifica sus estrategias. Sean campesinos o pueblos originarios la noción de territorio es un concepto cada vez más presente en el discurso de sus dirigentes, configurando con ello un tipo de demanda que tiene un carácter mucho más integral y donde la articulación se vuelve la vía imprescindible para avanzar en sus conquistas. Una madurez política que también se visibiliza en el conocimiento de las organizaciones de las leyes, normativas y tratados internacionales que protegen sus derechos, cuyo cumplimiento exigen como requisito mínimo a la hora de discutir con los Estados.

  • Los Pueblos Originarios de la Región Chaqueña

En la región chaqueña habitan desde tiempos inmemoriales numerosas comunidades aborígenes, más de 100 mil personas pertenecientes a los pueblos Qom, Wichí, Mocoví, Pilagá. En el Seminario Taller Tierra, Agua y Bosque: Vida para la Región Chaqueña, se hicieron presentes representantes de 16 organizaciones 2, provenientes de las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.

“Para nosotros la región chaqueña equivale a: biodiversidad (animal, vegetal y humana), identidad y contribuye a un marco que es la vida (…) En nuestra mirada hemos identificado dos grandes problemas: la tierra y nuestro territorio y la deforestación”, señalan en el prólogo de sus conclusiones.

En esta línea, enfatizan la necesidad de información, participación y aplicación efectiva de la Ley 26.160 de Emergencia sobre la Posesión y Propiedad de las Tierras de Comunidades Aborígenes, normativa que demanda un catastro de las tierras ancestralmente ocupadas por estos pueblos y prohíbe su desalojo. A la vez demandan avances en la entrega de títulos comunitarios, para asegurar su posesión.

Pese a tratarse de una Ley nacional, la ley 26.160 ha sido aplicada discrecionalmente por los gobiernos provinciales, quienes han hecho lectura y aplicación de la misma de acuerdo a criterios propios, no siempre ajustados al espíritu de la normativa. Casos paradigmáticos de este accionar son los gobiernos de Formosa y Salta. Un denominador común es la falta de información desde los organismos oficiales que inhibe una participación efectiva de las comunidades originarias.

De la mano de esta demanda, las comunidades exigen una revisión de las normativas provinciales surgidas a partir de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Siendo los bosques parte fundante de su dinámica social, económica y cultural, las comunidades originarias demandan que los Ordenamientos Territoriales Provinciales se ajusten a los criterios establecidos en la ley, uno de los cuales establece expresamente que se debe dar participación a los pueblos originarios y atender a sus necesidades e intereses, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Piden que se refuercen la prevención y sanción a los desmontes realizados en reservas y territorios de pueblos originarios.

Demandan además una reparación histórica efectiva, cuyo piso es el cumplimiento efectivo de las leyes y tratados internacionales suscritos por el gobierno argentino respecto a los derechos de los pueblos originarios. Solicitan además la inclusión de los pueblos originarios en la enseñanza de la historia, y el fortalecimiento de iniciativas de educación intercultural. Piden un pronunciamiento del Estado argentino respecto a casos emblemáticos de violación de los derechos humanos de los pueblos originarios, algunos de ellos expuestos ante tribunales internacionales, como los casos de la Masacre de Rincón Bomba (Formosa) y Napalpí (Chaco).

 

  • Organizaciones Campesinas

 

Estuvieron presentes campesinos y campesinas de las distintas provincias del Gran Chaco Argentino: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. Organizaciones con más de quince años de historia en la lucha principalmente por la tierra3.

A modo de introducción de sus conclusiones señalan que “tenemos distintas realidades y situaciones en las provincias, pero los problemas son similares: la tenencia de la tierra, el agua y los bosques para todos los campesinos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de orientar nuestras luchas en defensa del territorio (…) Están escritas las leyes, existe la legislación, pero es necesaria la fuerza de la organización para exigir la aplicación de las mismas”.

En este sentido demandan al Estado garantías de un acceso equitativo a la justicia. En las demandas por la propiedad de la Tierra muchos jueces continúan haciendo una interpretación sesgada del Código Civil, favoreciendo en la mayoría de los casos a quienes tienen los papeles de titularidad y no a los campesinos, quienes son poseedores efectivos de la ésta. Piden además que la justicia integre en sus dictámenes las nuevas relaciones y visiones territoriales, bajo el entendido que no es posible la vida campesina sin que esté resguardado el acceso integral a recursos como la tierra, el agua y los bosques.

Las organizaciones campesinas de la región, piden que se los deje de ver como “sujetos de asistencia” para integrarlos como un eslabón relevante y necesario para el desarrollo del país. En este sentido proponen que la ayuda que hoy llega a las zonas rurales bajo la forma de planes sociales se transforme en recursos de apoyo a proyectos productivos, que potencien las economías locales y las formas de producción campesina.

Atendiendo a la nueva institucionalidad representada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, las organizaciones campesinas solicitan la inclusión efectiva de las propuestas emanadas desde los Foros de Agricultura Familiar, en las políticas implementadas desde este organismo estatal, “con protagonismo de las organizaciones, a través de mecanismos ágiles”.

Las organizaciones campesinas encienden además una luz de alerta respecto a diversas obras públicas que se están realizando en la región, particularmente sobre aquellas que afectan la dinámica de las cuencas. Inversiones realizadas sin estudios de impacto ambiental adecuados y sin participación de las comunidades rurales, orientados únicamente a favorecer inversiones de gran escala, son para las organizaciones una amenaza “que compromete seriamente la disponibilidad y calidad de agua” para las comunidades campesinas y poblados rurales.

 

  • Técnicos, representantes de ONGs e investigadores de la región

En el debate, participaron representantes de diversas instituciones de la región, más algunos invitados de instituciones de Chile. Al comienzo de sus conclusiones señalan que “el modelo extractivo agroindustrial y minero que se va imponiendo en la región chaqueña tiene una concepción depredatoria de los bienes y recursos naturales y no contempla valores culturales, sociales, históricos, asumidos por las comunidades locales, y afecta la salud por la degradación de los recursos”.

Coinciden con las organizaciones campesinas y de pueblos originarios en relación a que “la legislación actual se muestra insuficiente sobre todo en su implementación, porque las leyes existen pero no se aplican, no se respetan, y algunas no llegan siquiera a reglamentarse. No son visibles sus resultados. Los controles de aplicación y cumplimiento de la legislación son ineficaces”. Como ejemplo de ello hacen referencia a la forma en que se ha desarrollado el proceso de debate y aplicación de la Ley 26.331, sobre todo a nivel provincial. Pese a esto señalan a esta ley como una oportunidad en cuyas distintas etapas se debe seguir participando para resguardar los intereses de las comunidades chaqueñas e incluir nuevos enfoques de uso sustentable de este recurso.

Destacan los avances en la generación de propuestas de desarrollo productivo pertinentes a las realidades locales y desde un enfoque sustentable, sin embargo, insisten en que es vital que estas perspectivas se hagan parte de la formación de técnicos y sean fomentados dentro de los programas de investigación científico tecnológica y extensión. Para ellos la educación cumple un rol fundamental en la visibilización del Gran Chaco, para lo que se debe “alcanzar un cambio estratégico en todos los niveles”. En este sentido consideran importante potenciar la articulación entre ONGs y Universidades, además de los organismos estatales, para encarar soluciones desde un punto de vista que integre lo político y lo técnico.

 

  • Para dejar de ser “alternativos”

 

El país tiene una deuda histórica con la región chaqueña y con su gente. Es en este punto que se vuelve irrenunciable la demanda expresada por los diversos grupos de trabajo en relación al cumplimiento de las leyes y tratados internacionales. Pero internándonos en el terreno de las propuestas, es importante recalcar que no vale simplemente enumerar las iniciativas de desarrollo sustentable diseñadas y sostenidas por organizaciones y técnicos de la región. Equivocan el análisis quienes afirman que estas experiencias vienen bien para un pequeño grupo, pero no son suficientes para convertirse en el enfoque de desarrollo de un país.

Ante esto vale preguntarse: ¿Cuánta investigación va destinada a estas propuestas, cuanta fortalecer el modelo agroexportador?, ¿bajo qué enfoque son formados nuestros técnicos?, ¿Cuánta inversión se destina a fortalecer circuitos cortos de comercialización?, ¿las leyes bromatológicas, están pensadas para la escala de los pequeños productores?, ¿Cuánto invierten los gobiernos en la protección de sus bosques?

Es hora que desarrollemos y apoyemos modelos genuinos de desarrollo sustentable para la región chaqueña. De lo contrario, seguiremos con las "emergencias agropecuarias" que hacen que las ganancias sean privadas y las pérdidas sean públicas.


Referencias

1 -  2º Informe Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente - Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), disponible en http://redaf.org.ar/observatorio/ 

2 -   Comunidades del pueblo guaraní de Jujuy, Organización Zonal Ruta 81, Tchotlhamejen'pe - Salta, Comunidad Nonhihayaj - Salta, Comunidad El Traslado - Salta, Comunidad Misión Municipal Rivadavia Banda Sur - Salta, Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat - Salta, Federación del Pueblo Pilagá - Formosa, Organización Interwichí - Formosa, Asociación Civil Siwajnhi chat - Formosa, Comunidades indígenas Nivakle de Lamadrid - Formosa, Centro de Educación Rural El Colchón - Chaco, Asociación Cacique Taigoyic - Chaco, Comisión Zonal de Tierras de Pampa del Indio - Chaco, Organización de Derechos Indígenas de Nueva Pompeya - Chaco, Equipo de Gestión de Tierras - Bermejo, Chaco.

3 - Unión de Pequeños Productores Chaqueños (UNPEPROCH), Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Movimiento Campesino Formoseño (MOCAFOR), Movimiento Campesino de Córdoba, Unión de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Santa Fe - UNOSAFe, Asociación de Provincial de Pequeños Productores Correntinos, entre otras.

 

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