"Hoy se legitima la muerte en el marco de la inseguridad"
Alcira Daroqui, investigadora del Instituto Gino Germani de la UBA, presentó en la Universidad Nacional de Córdoba el libro “Muertes silenciadas, la eliminación de los delincuentes”. El texto es resultado de una investigación colectiva que analiza la intolerancia hacia quienes representan una amenaza a la seguridad y el orden, e indaga hasta dónde sectores institucionales y sociales están dispuestos a tolerar la violencia estatal. [10.11.2009]
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¿Quién tiene derecho a ser víctima en Argentina? Ése fue el interrogante que motorizó un estudio colectivo coordinado por Alcira Daroqui, investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y directora de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios. El trabajo, según explicó la experta, plantea la necesidad de reconocer la tensión existente entre derechos humanos y sistemas penales en el marco de la relación entre Estado y sociedad. En esa línea, el estudio indaga cómo la articulación entre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, la justicia y la policía habilita el uso de la fuerza letal sobre personas tipificadas como “delincuentes” en el marco de la lucha y combate contra el delito.
La investigación quedó plasmada en el libro “Muertes silenciadas: la eliminación de los delincuentes”, que Daroqui –invitada por el programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC y la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales– presentó días pasados en la Casa de Trejo. El trabajo analizó la información publicada en los diarios Clarín y Crónica, y distribuida por las agencias Télam y DyN, sobre hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires en un lapso de seis meses de 2004, en los que intervino la Policía Federal.
La elección de esta fuerza de seguridad no fue al azar. “Siempre se ha presentado a la Federal –tanto el servicio penitenciario, como a la policía– como lo mejor, más respetuosos de los derechos y más garantistas; sin embargo, varios estudios demuestran que, en comparación con la policía de la provincia de Buenos Aires, y me refiero sólo a datos oficiales, la Federal mata tres veces más en el territorio de la ciudad de Buenos Aires”, apuntó Daroqui.
En la disertación, la especialista explicitó que el equipo de trabajo recuperó el concepto de delincuente en el mismo sentido que lo utilizan la policía, los medios y la justicia, esto es, como la persona que está cometiendo un delito y que hoy la sociedad identifica como su enemigo. “A partir de ahí, buscamos cómo se legitima la muerte del enemigo, en un marco supuestamente democrático, de Estado de derecho y en un gobierno de los derechos humanos”, subrayó.
El relevamiento de campo no sólo implicó la reconstrucción de cada uno de los casos a través de la información vertida en los periódicos y el seguimiento de los expedientes, sino que incluyó una serie de entrevistas con fiscales, jueces, comisarios, subcomisarios, jefes de calle y periodistas. Daroqui compartió la explicación que un funcionario policial le brindó ante una consulta: “Nos dijo que gran parte de los sectores sociales le ha pedido al Estado que no tenga límites, porque los delincuentes no los tienen; que las fuerzas de seguridad tienen las manos atadas porque no pueden actuar ilegalmente como lo hacen quienes quiebran la ley. Esto implica que no se reconocen como funcionarios del Estado”.
Los invisibles
Una de las problemáticas centrales de las acciones encuadradas dentro de la lucha y el combate contra el delito –todo lenguaje bélico, como apunta Daroqui– es la ausencia de interrogantes: “Nadie se pregunta quién era la persona que está en la bolsa negra”, señala. Según la especialista, los propios periodistas reconocieron que no buscan esos datos.
“En este libro demostramos que la fuente de información de los diarios ni siquiera es constatada. De esta manera, lo que se lee en estos medios es lo que la policía dice sobre el hecho, salvo dos excepciones: cuando el hecho toma un grado de espectacularidad o cuando los familiares de las víctimas realizan algún reclamo”, remarca Daroqui.
Dado que en las noticias nunca aparecen los nombres de las personas muertas, los autores de la investigación decidieron nombrarlos en el libro, particularmente aquellos casos de los cuales habían seguido la causa judicial y la cobertura periodística.
“Estas víctimas ya no hablan porque están muertas. Por eso a través de la búsqueda de sus interlocutores, como la policía, la justicia y los medios de comunicación, nuestro trabajo intenta restituirles la palabra. Es decir, las víctimas tienen derechos. La política de derechos humanos es restituir la palabra a quienes son víctimas y no pueden emitir su voz”, explica Daroqui.
Para la especialista, la muerte y la desaparición todavía tiene mucho espacio y no sólo constituyen prácticas de décadas anteriores. “Si no se pone en diálogo el pasado con el presente en materia de derechos humanos, estamos ante una memoria esclerótica. Hablar de las violaciones de los derechos humanos en el pasado es bastante cómodo, lo que incomoda es hablar del presente, de las complicidades de los encubrimientos y del ejercicio de una impunidad. Nunca hubiera sido posible lo que sucedió en el ’76 en Argentina si no hubiera una fuerte legitimación social”, apuntó.
“Queremos llamar la atención –agregó Daroqui–, e indagarnos si otorgar esa capacidad letal a la fuerza de seguridad sin ningún interrogante no es, de alguna manera, legitimar que un grupo armado, en nombre del interés de un orden social determinado, defina en un momento histórico quién es el enemigo”.
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REPERCUSIONES EN EL MUNDO ACADÉMICO | “Aspiramos a que este trabajo no sólo sea leído, sino que impacte en la academia. Estos temas no suelen estar en la agenda de las agencias de investigación, y si bien hay mucha teoría en esta materia, hay poca producción empírica.” |
MILITANCIA | “Estamos convencidos de que trabajar estos temas desde una práctica académica-científica carece de sentido si la labor no está acompañada por una fuerte convicción militante. Esto significa poner el conocimiento exclusivamente al servicio de hacer visible lo que es, en este caso en particular, la fuerza letal del Estado en toda su dimensión. “La dedicación de los equipos que participaron en este estudio está vinculada no sólo a una apreciación erudita sobre la producción del conocimiento, sino con la sensación de que uno tiene que generarlo para transformar al realidad. Este entusiasmo es clave, porque los temas que investigamos no son gratificantes y, además, por las reacciones adversas que se desencadenan cuando uno profundiza en estas problemáticas, pero no del campo de la derecha –que obviamente no me preocupan–, sino del progresismo. Impacta cómo les cae mal que se digan esas cosas. Me es sencillo confrontar con la derecha armada de nuestro país, que tiene muchos voceros, pero confrontar con gente que incluso milita en el campo de los derechos humanos es más complicado”. |
QUÍEN PUEDE SER VÍCTIMA | “Cuando reuní al equipo, me rondaba la idea sobre quién tenía derecho a ser víctima en este país, sobre todo porque esa discusión la habíamos tenido durante mi militancia en los derechos humanos, a fines de la dictadura y comienzos de la democracia. Y se zanjó bastante avanzada esta última. En un primer momento, comprensible quizás, gran parte del fundamento del discurso de los organismos de derechos humanos tenía que ver con mostrar a nuestros desaparecidos como chicos buenos, trabajadores, buenos hijos, el 90 por ciento de ellos inocentes. Costaba mucho decir: ‘No me interesa qué eran, no me importa si eran terribles guerrilleros capaces de matar, estamos hablando de que el Estado no puede hacer esto’. Esta discusión fue muy difícil en los organismos. Tiempo después se comenzó a reconocer –más allá de si uno estaba de acuerdo o no–, que eran luchadores. Entonces empezó a decirse éstos eran éstos; el Estado no debía hacer lo que hizo con nadie, ni con aquellos que cayeron y no tenían nada que ver, ni con los que participaron con la lucha armada.” |
DESINFORMACIÓN | “El Estado argentino tiene un desprecio por la producción de la información. Y no sólo este gobierno, sino siempre, aunque que en esta etapa está agudizado.” “Hay una acción deliberada de producir desinformación. Hoy se legitima la muerte de mucha gente en la calle en el marco de la inseguridad y el Estado argentino no tiene información de cuánta gente mata, no tenemos el dato oficial. El Estado tampoco puede decir cuánta gente muere en las cárceles, ni sabemos cuántas personas están privadas de libertad. El Estado no informa con certeza, es desprecio por lo público, por la relación entre el Estado y la Sociedad.” “Para realizar este trabajo tuvimos que relevar los casos a través de los diarios. Quienes investigamos temas vinculados a las fuerzas de seguridad y las agencias del sistema penal, dedicamos gran parte de nuestro tiempo a reconstruir y producir información, para luego efectuar la articulación conceptual que nos permita producir algún tipo de conocimiento o teoría emergente. Esto es una constante para nosotros.” |
LEYES DE LA DICTADURA | “Todas las leyes que regulan las fuerzas de seguridad de Argentina (servicio penitenciario, gendarmería, prefectura, policía federal, policías provinciales) fueron promulgadas en las distintas dictaduras. No hay una sola que provenga de la democracia. Y no hay un solo proyecto desde 1983 hasta el presente que plantee reformarlas. Es llamativo, porque se continuaron emitiendo leyes, pero para endurecer el sistema penal, meter más gente adentro y habilitar ejercicios desmedidos de actos soberanos de la fuerza de seguridad.” |
