Propuesta colectiva para proteger 5,3 millones de hectáreas de bosques y vegetación autóctona en situación de riesgo

Córdoba posee una superficie de 16,5 millones de hectáreas. En los últimos 30 años, la provincia registró una de las tasas anuales de pérdida de bosque nativo más elevadas del mundo, fundamentalmente por la extensión de la frontera agrícola, la tala para obtención de madera, el sobrepastoreo, la actividad minera,  la urbanización inadecuada, los incendios forestales y el drenado de bañados y lagunas, entre otras causas.

Todo ello explica que de las 12 millones de hectáreas que ocupaba ese patrimonio natural originario, hoy sólo queden 594 mil hectáreas de bosques, lo que representa sólo el 3,6% de toda la extensión provincial. A eso se suma que la vegetación nativa remanente, conformada por arbustales, matorrales, sabanas y pastizales, apenas cubre 1,9 millones de hectáreas.

Trabajos científicos advierten que la pérdida del ecosistema boscoso por debajo de un 25% de su extensión original desencadena una disminución de los servicios que presta al medio ambiente, tales como captación de agua, protección del suelo, regulación del ciclo de nutrientes, balance atmosférico del carbono, reducción de efectos del cambio climático global y aporte de productos naturales de valor social, cultural y comercial.

En Córdoba, el cercenamiento del bosque nativo no sólo provocó la contracción de la biodiversidad y los recursos naturales, sino que ha alterado suelos, degradado cuencas y disminuido el aporte de agua, lo que consecuentemente deriva en la exclusión de comunidades indígenas y campesinas y la pérdida de su identidad cultural.

Una propuesta consensuada de ordenamiento en Córdoba

Sobre este cuadro de situación se asienta la urgencia de establecer el instrumento legal que regule el uso del suelo y resguarde las zonas geográficas cuya vegetación se encuentre en situación de riesgo. La ley de Prespuestos Mínimos de Conservación de Bosque Nativo (26.331), sancionada por el Congreso Nacional en 2008, brinda el  marco general para proteger ese patrimonio natural, a través de un ordenamiento territorial que debe realizar cada provincia incluyendo la opinión de su población.

Ésa fue una de las tarea que encaró la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) convocada por la Secretaría de Ambiente de Córdoba en noviembre de 2008, e integrada por representantes gubernamentales, académicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y otras casas de estudios superiores, movimientos y agrupaciones campesinas, ambientalistas y organizaciones no gubernamentales (ver recuadro "La Comisión...).

El trabajo de la COTBN implicó la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de la biodiversidad en el territorio provincial. Para ello emplearon imágenes satelitales del invierno de 2007, previas a la veda forestal que comenzó con la aprobación de la ley 26.331.  Esto permitió advertir a los especialistas que en Córdoba ya no existen los bosques nativos originales, que se conocen como prístinos. En cambio identificaron cobertura de bosques secundarios -en diferentes estados de conservación- y vegetación nativa que, si bien no es bosque actualmente, con medidas de recuperación pueden llegar a serlo.

La COTBN desplegó su tarea con una metodología fundamentada en el consenso y promoviendo la participación de todos los sectores involucrados. Llevó adelante talleres regionales en las localidades Sebastián el Cano, Río Cuarto, Cruz del Eje, Ballesteros, Villa General Belgrano, Villa Dolores y Río Ceballos, para fortalecer el debate y el intercambio de opiniones. El resultado final es el proyecto de ley que fue presentado el 21 de mayo en una audiencia pública a la que concurrieron 800 asistentes y que contó con una treintena de oradores, quienes expresaron en su mayoría su apoyo a la iniciativa elaborada.

El proyecto de ley en detalle

El proyecto propone un ordenamiento territorial que procura regular la expansión de la frontera agropecuaria, minera y urbana o cualquier cambio de uso del suelo. Su espíritu es promover la conservación del bosque nativo e instrumentar medidas para evitar su disminución al tiempo que procura fomentar su recuperación, todo ello a fin de mantener la biodiversidad y los procesos ecológico-culturales que se producen en su seno. [Descargar el proyecto en formato pdf]

El punto de partida de la propuesta de legislación es la declaración de la emergencia forestal para el territorio provincial, que brinda el marco óptimo para la aplicación de las medidas que despliega en su extenso articulado.

En este sentido, el texto define tres categorías de conservación. La primera (Categoría I - Rojo) corresponde a sectores de muy alto valor de conservación cuyo uso del suelo no debe transformarse. Se trata de ubicaciones con valores biológicos sobresalientes e incluye áreas ubicadas en reservas o próximas a ellas, márgenes de arroyos y ríos (250 metros desde la línea de ribera a cada lado), lagos y lagunas (250 metros desde el borde), médanos, humedales, bordes de salinas (hasta una distancia de los ocho kilómetros de su emplazamiento) y zonas de pendiente mayor a 5% (esto último para evitar la aceleración de la erosión y la desertificación).

En la segunda (Categoría II - Amarillo) quedaron incluidos los espacios en distintos estados de conservación que no deben alterarse por su nivel de degradación o por encontrarse en estado de recuperación, y que con las medidas adecuadas podrían convertirse en zonas de alto grado de conservación. Son básicamente áreas de vegetación nativa sin cobertura boscosa, pero con potencial de recuperarla (arbustales, matorrales, sabanas, pastizales, etcétera).

Y la tercera (Categoría III - Verde) comprende los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente, aunque dentro de los criterios que fija la ley.

De acuerdo a los estudios efectuados por la COTBN, 3,98 millones de hectáreas deberían se encuadradas dentro de la categoría I, y 1,36 millones dentro de la II. De sancionarse el proyecto, se estarían protegiendo en total 5,3 millones de hectáreas sobre las cuales no se podrían practicar cambios en el empleo del suelo ni desmontes.

La iniciativa exceptúa del cumplimiento de la ley a los aprovechamientos de diez hectáreas o menos que pertenezcan a comunidades indígenas o productores campesinos. Por otra parte, prohíbe el uso de biocidas o plaguicidas en las zonas de conservación Categoría I y II, así como la descarga de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos.

Además, crea un fondo que estará constituido con partidas nacionales provistas en el marco de la ley 26.331, recursos provinciales (no menos del 0,3% del presupuesto provincial), préstamos de organismos nacionales e internacionales, donaciones y recaudación de multas entre otras fuentes. El 70% de ese fondo será destinado a compensar a los titulares del bosque nativo encuadrados en la categoría I y II, y se concede por el hecho de que la protección de la zona puede afectar la productividad del propietario. El 30% restante será empleado para el funcionamiento del Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

En cuanto a la fiscalización, junto a las instancias gubernamentales que deberán velar por el cumplimiento de la ley, la COTBN propuso la creación de un cuerpo de voluntarios guardianes que colaboren en esta tarea, de manera que cualquier ciudadano pueda participar en la protección del bosque nativo. Y con la misma lógica, equipara las denuncias de desmonte a las de fuego forestal, a fin de que no existan dilaciones en la respuesta de las autoridades ante esas situaciones.

El articulado prevé que todo proyecto de cambio de uso del suelo o manejo sustentable del bosque nativo deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias de la provincia o sus descendientes, así como de los derechos de los campesinos que conviven con esos bosques.

Crea además un registro provincial de infractores que funcionaría coordinadamente con el existente a nivel nacional creado por la ley 26.331. El listado deberá estar accesible al público e incluido en la página web de la autoridad encargada de la aplicación de la ley.

Respecto a los desmontes autorizados con anterioridad a la ley nacional 26.331 y que a la fecha de promulgación de la propuesta elaborada por la COTBN no se hubieran concretado, se postuló que deberán ser evaluados a fin de armonizar los derechos adquiridos con lo establecido por la ley y su reglamento a fin de ratificar las autorizaciones concedidas. Y prohíbe cualquier desmonte hasta la reglamentación de la normativa, que debería llevar adelante el Poder Ejecutivo en un lapso no mayor a los 90 días desde la promulgación de la ley.